Por Hugo Rodríguez *
Los economistas de visiones distintas a la convencional hacen alusión en numerosas ocasiones a la “Independencia del banco central” como a un escenario en el que éste es y actúa como una isla, alejada de la realidad económica nacional.
La independencia de un banco central no puede ni debe ser entendida como una isla. Al contrario, debe interpretarse como una situación en el que la autoridad monetaria navega las aguas y corrientes impuestas por la política pública, pero con la potestad y las herramientas a mano para imponer los límites necesarios cuando deba, especialmente si el accionar de la administración de turno implica riesgos para la estabilidad económica tanto interna como externa.
Esta situación no es infrecuente. Por ejemplo, cuando un gobierno tiene el pie en el acelerador en busca del cumplimiento de promesas, popularidad y votos, las autoridades del banco central están llamadas a imponer los límites necesarios. La independencia, sin poder y decisión, es solo teoría, un concepto vano.
Voy a compartir cinco aspectos que hacen a un banco central independiente. Cabe acotar que éstos, no son solo ideas, sino elementos que se encuentran presentes en la Ley 1670 del Banco Central de Bolivia de 1995. También se los observa en la experiencia internacional: forman parte del andamiaje que regula el accionar, por ejemplo, del Banco de la Reserva de Perú, del Banco Central de Chile y otros en el globo.
El primer aspecto se refiere al objetivo. Un banco central, para ser independiente, debe tener un objetivo claro, bien definido. Generalmente se refiere a mantener una inflación baja y estable.
El segundo tiene que ver con la independencia en el uso de sus instrumentos. La normativa debe otorgar las atribuciones suficientes para que el banco central defina, calibre y use sus instrumentos de política monetaria y cambiaria para el cumplimiento de su objetivo. Mantener una economía en una senda de crecimiento sostenido a lo largo del tiempo no es una tarea fácil. A diferencia del Titanic, requiere de vigías despiertos 24/7 que avizoren los riesgos futuros porque, en materia monetaria y cambiaria, el ajuste al timón del buque requerirá tiempo antes que éstos tengan efectos plenos.
El tercero tiene que ver con las reglas de ingreso, permanencia en el cargo y salida de sus principales autoridades. En el primer caso, se debe asegurar que personas probas y técnicamente capaces van a ocupar su Presidencia y Directorio. La renovación escalonada de los miembros de su Directorio debería permitir los puentes de dialogo necesarios con el resto de las autoridades económicas de la Administración de turno.
Las reglas de salida deben estar perfectamente establecidas y deben asegurar la permanencia del Presidente y Directores en momentos de desacuerdo con la hacienda pública en aras de preservar la estabilidad macroeconómica. No olvidemos que el ministro de economía y el presidente de un banco central tienen –por definición– incentivos diferentes.
Un presupuesto autónomo es el cuarto elemento. Los mejores recursos van donde mejor retribución reciben. La tarea de discernir donde concurren las aguas de la política pública, los icebergs en alta mar, los riesgos internos y externos y más aún las recomendaciones de política requieren de técnicos altamente calificados. Por tanto, el presupuesto del banco central no debe ser objeto de revisión por parte del gobierno y debe incorporarse en el presupuesto total del Estado.
Por último, pero no menos importante, el banco central debe actuar manera transparente y rindiendo las cuentas de sus acciones. La información y las estadísticas que producen las entidades públicas no son de su propiedad, son de la sociedad en su conjunto; porque ésta debe conocer en todo momento la realidad y verdadera dimensión de las circunstancias. Esto es solo posible cuando se revela y divulga toda la información de manera oportuna, amplia y veraz y se rinde cuentas en el órgano legislativo.
En la actualidad, estos cinco elementos claves están ausentes debido a normas que han debilitado las previsiones contenidas en la Ley 1670. En este año que iniciará un nuevo ciclo gubernamental, resultado de las elecciones generales, es una oportunidad para devolver la independencia necesaria al ente emisor. Para ello, la ruta crítica empieza por definir ternas, elegir y nombrar –de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la mencionada Ley– a su presidente y directorio.
Un Directorio formalmente elegido será un primer paso en la dirección correcta para restablecer los equilibrios y recuperar la confianza. Más de una década de interinatos y normas que socavan los elementos descritos, clave para asegurar la independencia de este ente, al final tienen efectos negativos para el país.
*Hugo Rodríguez es Jefe de Análisis Económico de CEBEC/CAINCO